Decreto N° 10/2003

ADHERIR A LOS PROYECTOS DE LEY DE ANILACION DE LAS LEYES DE OBEDIENCIA DEBIDA Y DE PUNTO FINAL A DEBATIRSE EN EL CONGRESO DE LA NACION.

VISTO el expediente nº 90/03, iniciados por los Concejales de Iraola, Gorosito (Bloque Alianza) y Abarca (Bloque Justicialista), que elevan proyecto de Resolución adhiriendo a los proyectos de Ley de Anulación de las Leyes de Obediencia Debida y de Punto Final;

que, el día 12 de agosto se celebrará una Sesión Especial en el Congreso Nacional para debatir proyectos de ley que tienden a la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto final;

que, no es la primera vez que en el Congreso de la Nación se intenta debatir la nulidad de estas leyes que fueron herramientas constitucionales que permitieron que muchos de los torturadores, represores y genocidas que formaron parte de un pasado nefasto se beneficiaran con la impunidad sobre aquellas acciones;

que, quienes se beneficiaron con estas leyes fueron aquellos protagonistas de un pasado reciente signado por la represión desmedida e ilegal a través de la cual pretendieron ejercer el control de la sociedad y de sus miembros mediante la imposición del miedo;

que, dicha dictadura fue un instrumento de dominación claramente identificado con la llamada Doctrina de Seguridad Nacional gestada por EE.UU. y que afectó a los sectores populares de América Latina;

que, la materialización de la Doctrina de Seguridad Nacional permitió el fortalecimiento político, económico y operativo de las Fuerzas Armadas de cada país independiente, las cuales fueron preparadas progresivamente para combatir contra un enemigo interno, lo que significó -como en caso de la Argentina-, que adquirieran un papel dominante de represores de sus propios pueblos;

que, la presunta defensa de una civilización democrática, occidental y cristiana -tal como se presumía desde esta doctrina-, poco tiene que ver con la desaparición forzosa de personas, el robo de bebés, la tortura, en fin, la aplicación plena del terrorismo de Estado;

que, es por ello que en una Democracia como la nuestra resulta inaceptable este marco de impunidad hacia quienes cometieron este tipo de atrocidades amparados por las estructuras del Estado;

que, nuestra sociedad debe ser capaz de resolver su pasado y de penalizar a los culpables de crímenes contra la humanidad;

que, nuestra Democracia debe tener un profundo contenido moral y que, en ese marco, la impunidad de ese tipo de acciones sería una claudicación inaceptable;

que, este marco de impunidad altera la historia de las sociedades como la nuestra y produce consecuencias sobre la familia y el propio entorno social en el que se desarrolla, además de deformar el conocimiento crítico de lo cotidiano, de la información o de la participación política;

que, tanto el olvido inducido (es decir, como si no hubieran existido el genocidio, las masacres, las desapariciones forzadas de personas), hasta el olvido ordenado por Ley (como bien pueden ser el de las Leyes de Punto Final, Obediencia Debida o de Autoamnistías o Indultos Generales) han sido intentos de eliminar la cruel realidad que hemos vivido recientemente;

que, el denominador común de todos estos intentos y planteamientos ha sido la inexistencia de un análisis de las causas y el cierro en falso del fenómeno que, con el pretexto de garantizar la estabilidad política, lo que ha perseguido es la posibilidad de garantizar la impunidad como solución política adecuada;

que, estamos convencidos, todo Estado debe garantizar la paz, la aplicación plena de la justicia condenando a quienes fueron eximidos por las mencionadas leyes;

que, frente a las violaciones masivas de los derechos más elementales, debemos adquirir una conciencia universal de defensa de los derechos humanos;

que, creemos, la impunidad es la herencia negativa de la sociedad, que deja una marca en la conciencia individual y colectiva de un pueblo o de una sociedad determinada;

que, todo acto de impunidad no sólo gangrena la sociedad sino que trata de sociabilizar la perversa idea de que todo está permitido y que nada puede ocurrirle al opresor;

que, si bien es cierto que estamos inmersos en una sociedad con una profunda crisis social y económica, nada puede justificar el olvido de los crímenes cometidos contra los ciudadanos;

que, -entendemos- en esa circunstancia de crisis, cuestiones económicas, políticas o sociales no pueden suplir la obligación del Estado de luchar contra la impunidad por todos los medios legales disponibles, porque, entre otras cosas, la impunidad propicia la repetición crónicas de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares; y

CONSIDERANDO que en la Novena Sesión Ordinaria llevada a cabo el día 8 de agosto de 2003, este Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el mencionado proyecto en Decreto;

por todo ello, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, en uso de sus atribuciones, acuerda y sanciona el siguiente

D E C R E T O

ARTICULO 1º: Adhiere el Honorable Concejo Deliberante de Saladillo a los proyectos de Ley de Anulación de las Leyes de Obediencia Debida y de Punto Final a debatirse en el Honorable Congreso de la Nación.-

ARTICULO 2º: Remítase copia del presente Decreto a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores de la Nación como así también a los Honorables Concejos Deliberantes de la Provincia de Buenos Aires y a la Comisión Provincial por la Memoria.-

ARTICULO 3º: Comuníquese a las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, a los Concejos Deliberantes de la Provincia de Buenos Aires, a la Comisión Provincial por la Memoria y al Departamento Ejecutivo, dése al Registro Oficial, cúmplase, publíquese y archívese.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, a los ocho días del mes de agosto del año dos mil tres.-

DECRETO H.C.D. Nº 10/03.-