Resolucion N° 54/2004

  • Fecha: 23 junio 2004
  • Expediente: 119/2004

S/ GOBERNADOR PCIAL. QUE EL PROCURADOR GRAL. DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ORDENE A LOS FISCALES QUE EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE PETICIONAR A LAS AUTORIDADES NO SEA LESIONADO, RESTRINGIDO O ALTERADO.-

VISTO el expediente nº 119/04, iniciado por el Bloque “El Frente”, que eleva proyecto de Resolución solicitando al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Ejecutivo Provincial, dejen sin efecto los procesos que sufren los ciudadanos por peticionar ante las autoridades;

que, la nueva figura de penalización de derechos legítimos implementadas a partir de la década del ´90 a dirigentes de distintas organizaciones sociales;

que, más de 10.000 argentinos se encuentran bajo proceso penal por participar en reclamos sociales;

que, con el Código en la mano, Jueces y Fiscales pulverizan los derechos constitucionales que deberían garantizar, teniendo en cuenta que esto tiene que ver con los derechos humanos como concepto global incluyendo otros derechos básicos y la libertad de expresión;

que, el fenómeno de “criminalización de la protesta” en cuya dinámica, además, fueron asesinados decenas de hombres y mujeres, comenzó en la década del ´90 cuando las privatizaciones impulsadas por Carlos Menen y Domingo Cavallo convirtieron en aldeas fantasmas a pueblos enteros;

que, fue en ese contesto cuando el desempleo y el desamparo hicieron blanco en más de la población del país;

que, fue en esa encrucijada cuando desde distintas instancias del poder se instrumentaron un conjunto de respuestas que incluyó la llamada “pena de muerte extrajudicial”, sanción no prevista en el Código Penal pero implementada -entre otros muchos casos- el 26 de junio de 2002 cuando Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fueron asesinados por la Policía Bonaerense en el Puente Pueyrredón; al mismo tiempo, los jueces atadas al poder políticos de turno encabezaron la penalización de derechos legítimos;

que, a través de numerosas campañas mediáticas, soldados de los grupos de poder intentaron e intentan aislar a los excluidos y justificar su represión;

que, en este contexto, es común observar como tratan de sediciosos a desocupados o a trabajadores activos como si fueran la causa y no la consecuencia de políticas nefastas implementadas en el país, cuyo beneficio quedó en manos de unos pocos;

que, a lo largo y a lo ancho del país hay innumerables ejemplos de casos de personas que han sufrido privación ilegítima de la libertad por el sólo hecho de reclamar lo que otros le arrebataron;

que, si los que gobiernan fuesen dignos representantes de la voluntad popular, sería importante que arbitren los medios para dejar sin efectos estas medidas de corte dictatorial que fueron el instrumento esencial de los gobiernos de facto para luego justificar la desaparición forzada de hombres y mujeres que con patriotismo soñaban con un país donde la distribución de la riqueza reflejara la igualdad de derechos de una sociedad; y

CONSIDERANDO que en la Sexta Sesión Ordinaria llevada a cabo el día 23 de junio de 2004, este Honorable Cuerpo aprobó el despacho de la Comisión de Peticiones y Ordenanzas que modifica el artículo 1º del mencionado proyecto;

por todo ello, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, en uso de sus atribuciones, acuerda y sanciona la siguiente

R E S O L U C I O N

ARTICULO 1º: Solicítase al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires arbitre los medios y decisiones para que el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia ordene a los fiscales que el derecho constitucional de peticionar a las autoridades no sea lesionado, restringido o alterado.-

ARTICULO 2º: Comuníquese al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y al Departamento Ejecutivo, dése al Registro Oficial, cúmplase, publíquese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, a los veintitres días del mes de junio del año dos mi cuatro.-

RESOLUCION Nº 54/04.-